La dirección de Solvay Química en Barreda y los sindicatos UGT y CCOO, que tienen 10 de los 13 miembros del comité de empresa, han suscrito el plan social para los años 2018 y 2019, por el cual la factoría no ejecutará despidos traumáticos en la salida de la fábrica de 52 trabajadores. Este acuerdo establece la voluntariedad de la salida de cada trabajador de los 52 afectados, a través de despidos objetivos individuales y con unas indemnizaciones de entre una y 3,2 anualidades brutas según la edad de los trabajadores pero con un tope máximo.
El presidente del comité de empresa, Roberto García Porras (UGT), ha mostrado la satisfacción de los firmantes de este plan para los dos próximos años, ya que a su juicio se trata de un acuerdo que permite que se lleve a cabo la reestructuración de plantillas en el complejo de Barreda "pero sin medidas traumáticas".
En el documento, Solvay se compromete a recolocar en ocupaciones reales, en otras secciones del complejo de Barreda, a aquellos trabajadores que no acepten la formula de salida y en puestos desempeñados ahora por personal de contratas. En el supuesto de que la empresa no pudiera ofrecer a algún trabajador una ocupación efectiva durante el periodo transitorio, Solvay sólo podría realizar un expediente de regulación temporal de empleo por el tiempo preciso para ello y siempre con el acuerdo del comité de empresa.
También está prevista la creación de una comisión de seguimiento paritaria entre empresa y comité para verificar el cumplimiento del presente acuerdo, que estudiará asimismo las plantillas necesarias de cada unidad de la fábrica para verificar las reducciones de personal que pueda proponer la dirección.
Respecto a las indemnizaciones para quienes acepten salir de la plantilla, estas quedan fijadas en una anualidad para aquellos trabajadores con 64 años o más, 1,1 para los de 63 años, 1,3 para los de 62, 1,8 para los de 61, 2,4 para los de 60 y 3,3 anualidades para los que tengan menos de 59 años. A efectos del cálculo de las indemnizaciones, la anualidad es la retribución bruta anual de cada trabajador, que incluye los conceptos de salario, antigüedad, complementos, privas y la paga del fondo social.
La aplicación de este plan social es consecuencia del cierre de la planta de producción de cloro basada en la tecnología de mercurio, cumpliendo las exigencias medioambientales de la Unión Europea, situación que condujo al acuerdo entre Solvay y la portuguesa CUF para la transferencia de las instalaciones.
Esta firma levantará en el complejo de Solvay una nueva planta de cloro basada en la tecnología de membranas, lo que supondrá una inversión de 55 millones de euros a través de su filial Altamira Electroquímica del Cantábrico, planta que estará operativa a finales de 2019 y que prevé contratar a 35 trabajadores.
El plan que ayer se firmó, fue acordado por la dirección y los sindicatos con mayoría en el comité el pasado 21 de diciembre
