El Ayuntamiento de Torrelavega ha comenzado a abonar hoy las ayudas sociales del fondo extraordinario de emergencia que estaban pendientes. Unas ayudas destinadas a colaborar con las familias de menos recursos en la compra de alimentos, el pago del alquiler de la vivienda o la adquisición de equipamiento básico para el hogar. Así lo ha iunfiormado la concejal de Servicios Sociales, Patricia Portilla, quien ha recordado que finalmente se han concedido ayudas a un total de 690 solicitantes, habiéndose rechazado cerca de un centenar por no cumplir con los requisitos establecidos.
Por otro lado, Portilla ha explicado que aún no ha finalizado el expediente informativo encargado al departamento de Recursos Humanos para aclarar el motivo del retraso en la tramitación, en tiempo y forma, de un buen número de estas solicitudes de ayuda. Una situación fruto del colapso que hace unas semanas se registró en Servicios Sociales y que provocó no solo el retraso en el abono de las ayudas, sino la pérdida de cerca de 50.000 euros de los fondos regionales aportados al Ayuntamiento con este destino.
Por otro lado, la concejal de Servicios Sociales ha confirmado que el equipo de gobierno PSOE-PRC tiene intención de proponer al resto de la Corporación la centralización de los servicios sociales hoy dispersos por varios barrios, ya que el modelo no ha sido lo eficaz que se espera y ahora genera problemas de coordinación. Así, Portilla ha adelantando que esta centralización "es un objetivo en la hoja del ruta de este equipo de gobierno", pero ha aclarado que revertir la actual situación "ni es algo inmediato ni de los próximos meses" por la complejidad que ello entraña y porque hay que buscar un espacio físico donde reunificar a todos el personal ahora disperso (formado por 14 trabajadores), "y a día de hoy no tenemos dónde", dijo
Ha recordado que la descentralización de los servicios sociales fue propuesta e impulsada por el PSOE en 2006, que se llevó a cabo con la creación de unidades de atención en los barrios de La Inmobiliaria y Covadonga, además de una sede central en la plaza Baldomero Iglesias. Según ha detallado, este proceso se hizo "desde una base teórica" según la cual el mejor modelo de gestión era disponer de una unidad de servicios sociales en cada barrio, "aunque el tiempo y las circunstancias han demostrado que ello no ha sido así".
Para la concejal, el principal motivo son las actuales limitaciones de los ayuntamientos para contratar personal, lo que genera "dificultades" para disponer del personal necesario a la hora de cubrir bajas, dándose el caso de que en algunos momentos se ha tenido que cerrar un centro por no disponer de trabajadores para atender el servicio. Además se ha mostrado convencida de que la centralización de los servicios sociales supondría "una mejora de la calidad" de la atención que se presta a los ciudadanos.
