La Dirección General de Medio Ambiente, a propuesta del Servicio de Prevención y Control de la Contaminación, ha resuelto denegar la autorización de instalación y operación de tratamiento de residuos a la empresa Paruvi, propiedad del empresario y concejal de Torrelavega Sí Rufino Sasián Huelga.
En la resolución del director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio se asegura que el proyecto es "incompatible" con el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega y de la Ley de Cantabria de Ordenación Territorial y Regimen Urbano del Suelo.
Por ello, se ordena paralizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada hasta que se resuelva la incompatibilidad urbanística actual.
La resolución afecta a la planta de tratamiento de residuos que la empresa tiene en el barrio La Llaniega, en Tanos (Torrelavega), y con la resolución de Medio Ambiente se ordena el archivo del expediente.
La tramitación comenzó en octubre de 2015 y se ha demorado hasta junio de 2017 por la elaboración de diferentes informes, que han permitido constatar que el proyecto "se encuentra en situación irregular por razón de desarrollo contrario al planeamiento urbanístico y de falta de licencia municipal para realizar la actividad pretendida. A su vez, aún está pendiente de resolución desde mediados de 2015 la solicitud de Paruvi a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para la legalización de estas instalaciones sobre las que se ha pronunciado la Dirección General de Medio Ambiente.
Se trata de varias naves situadas en el barrio La Llaniega, construidas sin licencia en suelo urbanizable residual hace más de dos décadas, cuya petición de legalización fue cursada en base al "interés social" por el mantenimiento de la empresa y su treintena de trabajadores, según explicaron en su momento fuentes municipales. Esta solicitud cuenta con el informe desfavorable del Ayuntamiento de Torrelavega, porque las nuevas naves que pretende levantar incumplen el parámetro de edificabilidad y la distancia al camino público.
En concreto, el empresario solicitó la legalización de un conjunto de naves que suman más de 3.600 metros cuadrados construidas en dos hectáreas de terreno y separadas por un camino vecinal, parcelas en las que además se pretenden construir otras dos naves de más de 900 metros cuadrados cada una.
La solicitud a la CROTU incluye la legalización de un aparcamiento de camiones construido en otra parcela de unos 3.800 metros cuadrados, situada a menos de 100 metros del conjunto de estas instalaciones, pero también en suelo urbanizable residual.
La empresa tiene abiertos en el Ayuntamiento de Torrelavega una decena de expedientes por infracciones urbanísticas que, en varias de ellas, han derivado en sentencias judiciales de derribo de instalaciones, parte de las cuales se han ejecutado ya y otras están pendientes de los correspondientes decretos de la Alcaldía.
