El Gobierno de Cantabria tendrá que hacer una "mínima" modificación en un párrafo de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, conocida como la Ley del Suelo, cuyo texto va a ser respetado "al 99%", de los siete artículos en los que el Gobierno central había detectado "discrepancias".
En concreto, el acuerdo bilateral alcanzado la pasada semana entre el Estado y la comunidad autónoma establece un "único cambio" en el artículo 43.A, donde se debe sustituir la frase 'renuncia expresa al valor de expropiación' por 'demolición sin indemnización'.
Sin embargo, tras "meses" de negociación entre ambas partes, en los otros puntos en los que el Estado había detectado "discrepancias" no se tienen que modificar.
Así lo ha señalado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, este martes en rueda de prensa, después de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, anunciara el pasado domingo en el Día de las Instituciones que el Gobierno central ha avalado la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico en Cantabria.
Media ha subrayado que la modificación de la Ley del Suelo, aprobada en diciembre en el Parlamento regional, es "absolutamente legal", ha sido avalada por el Estado "prácticamente al 100% de su contenido" y, por tanto, es "plenamente constitucional", a pesar de que inicialmente el Ministerio de Política Territorial viera indicios de "inconstitucional" en algunos de sus artículos.
Según ha destacado, esta ley "tan solo" permite construir como máximo a 200 metros del suelo urbano en los núcleos de los pueblos que no sean merecedores de especial protección y analizando "caso por caso", mientras que el resto de los terrenos rústicos "seguirán estando protegidos y solo se podrán usar para las actividades permitidas".
Además, esta modificación "no es obligatoria para ningún ayuntamiento". Así, todos aquellos alcaldes que quieran que no sea de aplicación en su municipio "no tienen más que llevarlo al pleno y aprobarlo".
"El Estado ha entendido que, conforme nuestra Ley, no se trata de construir una vivienda en cualquier ámbito, sino que tendrá que justificarse que la parcela en donde se quiere hacer esa construcción no tiene una especial protección por los valores propios del suelo", por lo que, "no permite la construcción de viviendas en suelo rústico de forma indiscriminada", ha trasladado.
Para Media, ha quedado "demostrado" que muchas de las cosas que se dijeron tiempo atrás eran "absolutamente falsas". "Esta ley ni va a llenar de cemento Cantabria ni va a derrotar de urbanizaciones todos los municipios rurales", ha aseverado.
Ha asegurado que se trata de una "buena ley", en vigor desde el 1 de enero, que va a permitir la construcción y fijar población en muchos de municipios rurales del interior y va a generar actividad económica también para los ayuntamientos; y que ha sido defendida por los alcaldes, ha apostillado, "también del PSOE".
Según ha recordado, esta ley "tal y como está ahora aprobada" contó con el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria, también gracias al apoyo del Partido Regionalista, ha subrayado, y ya estuvo en vigor en Cantabria de 2012 a 2022, diez años el los que se construyeron 1.300 viviendas unifamiliares en Cantabria en 102 ayuntamientos.
"DISCREPANCIAS" EN SIETE ARTÍCULOS
Según ha explicado Media, el Estado había detectado "algunas discrepancias" en siete artículos, algunos de ellos "muy menores". Así, en los dos primeros, que hacían referencia a la fórmula informática que se había elegido para la publicación de los instrumentos urbanísticos aprobados por los ayuntamientos, "se ha comprobado que no había que modificar" la Ley del Suelo.
Asimismo, había otro "posible desacuerdo" en las facultades que se les reconocen a los propietarios de los edificios en situación de fuera de ordenación que no impiden a la Administración la obtención de los terrenos, bienes y derechos destinados a viales, espacios libres o equipamientos según el planeamiento aprobado, a través de los correspondientes expedientes de equidistribución de beneficios y cargas o, en su caso, a través de la expropiación.
Según el consejero, se trata de una fórmula que "ya se estaba utilizando" y, por tanto, tampoco debe ser modificado el texto.
Por último, el Estado ha avalado que se puede construir en suelo rústico "en las condiciones que marca nuestra ley", es decir, teniendo en cuenta los posibles riesgos naturales, así como los posibles valores ambientales, paisajísticos o culturales que pudieran verse gravemente comprometidos, algo que "ya está interpretando la Comisión Regional de Urbanismo".
Así, ha aclarado que la ley defiende que "si la actuación afecta gravemente a los valores del suelo no se autoriza la construcción" y "en estos momentos ya se está haciendo un análisis caso por caso en cada solicitud para evitar estos riesgos".
Tras el acuerdo inicial entre las dos administraciones, la propuesta de resolución de la Comisión bilateral sobre la Ley de Suelo irá este jueves al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Posteriormente, el acuerdo tendrá que ser firmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el propio Media y, una vez firmado, se comunicará al Tribunal Constitucional y posteriormente se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).
En último lugar, los cambios que haya que introducir en el texto, esas "seis palabras que hay que eliminar y sustituirlas por esas otras tres", se harán a través de la Ley de Medidas Fiscales para 2025.
