Los ayuntamientos de Cantabria afectados por las inundaciones tienen de plazo hasta el 25 de febrero para peritar y presentar un informe con la lista de los daños en infraestructuras, de cara a reclamar ayudas al Gobierno central.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha trasladado esta información hoy a los 61 ayuntamientos afectados en la que se han abordado las dos vías de ayudas que ha dispuesto el Estado con motivo de las fuertes lluvias; una reunión, celebrada esta mañana en dos turnos, a la que seguirá otra con los técnicos del Ejecutivo regional.
Por un lado, se podrán reclamar los gastos derivados de la emergencia tales como achicar agua, desbrozar o limpiar; y por otro, tras el Real Decreto habilitado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, los ayuntamientos deben informar a la Delegación de los daños en infraestructuras municipales, y viviendas desalojadas o empresas que hayan tenido que parar su actividad, a las que se les ofrecerá bonificaciones fiscales.
"Trabajamos para que sea de la manera más rápida posible, pero los tiempos los marcan todos los trámites administrativos que hay que hacer", ha dicho Zuloaga, quien ha explicado que ese plazo de casi un mes se debe a que todavía, días después de las inundaciones, siguen apareciendo problemas, como el desalojo de casas en el barrio de San Mateo (Los Corrales).
Además, el Consorcio, que también ha contado con representación en estas reuniones, ha informado en su web de que, a fecha de ayer, jueves, se estima que se presentarán 2.000 solicitudes de indemnización (por el momento son 1.210) con un coste de entre 17 y 20 millones de euros, frente a los 12 millones que se estimaban inicialmente por los daños que evalúan los 65 peritos movilizados. Esta entidad pública considera que estará en condiciones de empezar a realizar los primeros pagos a los asegurados en los próximos diez días, y de concluir la gestión de la siniestralidad dentro de tres meses.
Lo primero que tienen que hacer las corporaciones, según el delegado, es "pasar lista de todos los destrozos en las infraestructuras afectadas", cuyo coste podría sufragarlo el Estado al 100% si el gasto "desborda las expectativas de financiación municipales".
Además, los propietarios de viviendas desalojadas o industrias y empresas cuya actividad se haya visto parada por los efectos de las lluvias, si lo demuestran, tendrán bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Actividades Económicas o de Bienes Inmuebles.
Pero, eso sí, en el caso de que los vecinos no tengan que pagar estos gravámenes, que son de titularidad municipal, el Estado reembolsaría su cuantía a los ayuntamientos, por lo que no se quedarían sin cobrarlos.
"Hasta el 25 de febrero nos llegarán las valoraciones y, a partir de ese momento, empezaremos a trabajar y serán los ministerios los que consideren si son indemnizables", ha destacado Zuloaga, quien agrega que desde la Delegación y el Gobierno se buscan que "las ayudas lleguen a Cantabria cuanto antes".
