Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) exige la "inmediata paralización" y anulación del proceso de proceso de adjudicación de las 22 viviendas protegidas en régimen de alquiler construidas por Gesvican en Campuzano, y que están a punto de entregarse. Esta formación asegura que los requisitos que se exigen para entrar en su sorteo -que cuenta ya con 150 solicitudes- "incumplen el convenio" de cesión de terrenos firmado en 2016 entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria.
Así lo ha denunciado hoy el portavoz de esta formación, Iván Martínez, quien asegura que Gesvicán se ha "saltado a la torera" los requisitos que establecía dicho convenio en relación a qué personas pueden acceder a estas viviendas, su edad y sus ingresos.
Esta formación ha presentado tres escritos dirigidos a la Alcaldía de Torrelavega, a Gesvican y a la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento, órgano este último que "no se ha llegado a crear en ningún momento".
Incumplimientos
Según ha explicado, el primero de los incumplimientos en los requisitos para acceder a las viviendas radica en que el convenio establece que se iban a destinar a "familias de Torrelavega con escasos recursos económicos", mientras que la convocatoria se ha abierto a personas de toda Cantabria.
Además, Martínez ha destacado que la convocatoria "no se ha dirigido a familias con escasos recursos", sino a jóvenes de entre 18 y 35. En este sentido, ha manifestado que el Ejecutivo ha incumplido el convenio y ha cambiado este criterio "para poder acogerse a una subvención del Ministerio de Vivienda", a través de una convocatoria de ayudas por la que habría recibido 500.000 euros.
Para ACPT, el tercer incumplimiento consiste en que se ha impuesto la necesidad de tener unos ingresos mínimos de 11.279 euros anuales (1,5 veces el IPREM) y unos ingresos máximos de 22.558 euros para acceder a las viviendas, mientras que el convenio y el real decreto por el que se debían regir los requisitos no hace referencia a los ingresos mínimos.
Por todo ello, Martínez afirma que la adjudicación de las VPO es "una tomadura de pelo" por parte del Gobierno de Cantabria y reclama que sea el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, quien "vele" por el cumplimiento del convenio.
