El sindicato USO llevará a los tribunales el plan social suscrito por la dirección de Solvay en Barreda con CC OO y UGT para el ajuste de la plantilla, por apreciar "presunto fraude fiscal y discriminación". Así lo ha anunciado el representante de USO en Solvay, José Vçia, quien ha anunciado su intención de presentar "en los próximos días" la demanda judicial contra dicho para reducir 52 empleos mediante despidos objetivos individuales, como consecuencia del traspaso de la planta de cloro a la firma portuguesa CUF.
También van a instar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que revise la legalidad de la tramitación y contenido del acuerdo para realizar 52 despidos objetivos individuales. Además, reclamará al Parlamento de Cantabria y al Gobierno regional que "velen" para evitar "el fraude" de más de 3.200.000 euros al Tesoro Público por una Empresa con fabulosos beneficios. Asimismo, desde USO defenderán "la imperiosa necesidad de acordar un plan industrial y de inversiones", así como los servicios públicos, para lo que no se puede "permitir el fraude fiscal y que empresas con beneficios cumplan con el pago de impuestos al Tesoro Público".
Representantes de la Unión Sindical Obrera han recordado que no rubricaron el acuerdo ni participaron en la celebración del mismo, "con ágape incluido", por considerar "una obscenidad celebrar un acuerdo para despedir trabajadores y destruir 52 empleos". Y es que, afirman, "sí habrá despidos" porque para recolocar a los trabajadores excedentes de la planta de cloro en el resto de la fábrica, "se va a rescindir el contrato a trabajadores de contratas, compañeros algunos que lleva hasta 40 años con Solvay", denunció Vía.
Su rechazo se fundamenta en "profundas diferencias de forma, de fondo y por ética sindical", que se resumen en "ausencia total de un plan industrial creíble para abordar los retos y amenazas de la fábrica reconocidos por la empresa". Además, consideran las indemnizaciones por despido "insuficientes" y, "sobre todo, discriminatorias", ya que las mismas se fijan en función de la edad y cambiando el criterio legal de salario y antigüedad, es decir, que "a mayor edad, menor indemnización".
Y por último, en USO justifican su oposición por la "limitada garantía de empleo de dos años" y "el atropello de los derechos de los trabajadores de las empresas de contratas", que "serán despedidos para recolocar a los trabajadores de la planta de cloro cerrada".
El sindicato ha puntualizado desde el inicio de las reuniones, defendió y reclamó negociar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) y no despidos objetivos individuales, a lo que se negó -lamentan- tanto Solvay como UGT y CCOO. Unos de los motivos que lleva al sindicato a pedir un ERE es que la diferencia de 52 despidos mediante un expediente o por despidos objetivos individuales supone "dejar de ingresar al Tesoro Público 62.146 euros por trabajador, que contabilizando los 52 despidos supera los 3.200.000 euros". En este punto, el sindicato agrega que empresas como el Grupo Solvay con beneficios (en este caso, dicen desde el sindicato, más de 1.000 millones en el último ejercicio) cuando despiden a trabajadores mayores de 50 años deben ingresar al tesoro público el coste de la prestación por desempleo y cotización a la Seguridad Social. "Fijar indemnizaciones diferentes por la edad discrimina y vulnera el derecho de igualdad", denuncian al respecto.
