Hoy en Torrelavega se ha producido una foto cuanto menos curiosa. Concejales del Partido Popular, Torrelavega Sí, Asamblea Ciudadana y Torrelavega Puede, unidos para exigir el cese del concejal de Personal y Recursos Humanos, el socialista José Luis Urraca. Un consenso sin precedentes al se han unido también tres de los cuatro sindicatos presentes en el Ayuntamiento: CC OO, USO y APL.
El motivo de la petición, que se ha presentado oficialmente en el registro municipal, es la "nefasta gestión" del concejal de Personal, especialmente de la relación de puestos de trabajo, la RPT, que afecta a los 500 trabajadores municipales y los "reiterados incumplimientos" en que, dicen, ha incurrido Urraca en la citada RPT, pendiente desde hace más de una década, pero que el edil "de forma consciente y unilateral", a su juicio, lleva meses retrasando.
En la petición de cese se insta al alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, a asumir personalmente la gestión de Personal o, en su defecto, a que delegue en otro concejal del equipo de Gobierno, de forma que se cumpla el acuerdo plenario aprobado en el que se exigía al equipo de Gobierno completar la citada relación de puestos de trabajo.
María Luisa Peón (PP), Blanca Rosa Gómez Morante (Torrelavega Sí), Alejandro Pérez (ACPT), David Barredo (Torrelavega Puede), Daniel González (CCOO), Julio Castro (USO) y José Ramón Crespo (APLC) solicitan además al alcalde "un cambio radical" a la Concejalía ante el incumplimiento por Urraca de los plazos establecidos para culminar la RPT, que finalizan el 31 de diciembre, además de acusarle de ser el culpable "del gran malestar" entre sindicatos y oposición por este asunto.
En nombre de los portavoces municipales, Alejandro Pérez ha acusado a Urraca de "no respetar e incumplir" los acuerdos de la Corporación y las mociones aprobadas en el sentido de impulsar la RPT, en especial una de mayo de 2017 que fijó plazos para terminar el proceso. Así, ha asegurado que pese a los compromisos contraídos hace meses "a día de hoy" ni grupos de la oposición ni sindicatos han recibido aún la totalidad de las fichas de los más de 550 trabajadores afectados por la RPT, lo que complica la aprobación de las mismas.
Por su parte, el sindicalista Daniel González ha recordado que realizar la RPT "es una obligación legal" desde 2008, con el objetivo de ordenar al personal municipal y adecuarlo a las nuevas necesidades de los servicios públicos. Y también ha resaltado que Urraca es el responsable de "incumplir" los acuerdos sobre la RPT tanto adoptados por la Corporación como los contenidos en el convenio colectivo del personal municipal.
Preguntado por la ausencia en este consenso del sindicato UGT, González ha emplazado a plantear dicha cuestión a dicha sección sindical, si bien ha señalado de forma escueta pero clara que "compartir un carnet con un grupo político no puede estar por encima del cumplimiento de las leyes y, en este caso de una moción plenaria", zanjó.
