Nuevo revés judicial para los vecinos del edificio apuntalado en la calle Coro Ronda Garcilaso, 6, del Zapatón, que llevan luchando desde el año 2019 contra la administración por las grietas que aparecieron en el edificio, según consideran los vecinos, como consecuencia de una obra en los bajos del edificio por parte del Gobierno regional en la sede del ICASS en Torrelavega.
Una lucha que está en los juzgados desde entonces y que vuelve a 'dar la espalda' a los vecinos: este lunes han conocido las costas judiciales de las que los propios vecinos tendrán que hacerse cargo y cuya cantidad roza los 30.000 euros, según ha podido saber Radio Studio, suponiendo prácticamente el máximo que se podía establecer tras la resolución del juicio en el que el juzgado de instrucción no relaciona las gritas con las obras en los bajos del edificio.
Una ‘derrama’ que ronda los 3.000 por vivienda y que los vecinos ven como “excesiva”, ya que en muchos casos se trata de personas mayores cuyas pensiones no superan los 800 euros y, por ello, “temen” que hay vecinos que podrían "no hacerse cargo" de los costes.
Un capitulo que, por el momento, no será el último de esta larga historia, según han explicado los vecinos a este medio, ya que están preparando un comunicado para explicar la última situación de un caso que está lejos de llegar a su fin.
EDIFICIO APUNTALADO
En 2021, el edificio se apuntaló con más de 150 pilares y el Ayuntamiento de Torrelavega, en abril de este mismo año, decidió acometer la estabilización del edificio para hacer frente a esos problemas en la estructura del mismo. El Consistorio suele realizar visitas de forma periódica al edificio, donde ha podido constatar la aparición de nuevas grietas en los últimos años y, por ello, optará por estabilizar el edificio.
El 'modus operandi' será, en primer lugar, recordar a los vecinos la necesidad de estabilizar el edificio y, si no se llega a ningún consenso, será el propio Consistorio el que se haga cargo de realizar las obras que considere oportunas.
EN LOS JUZGADOS DESDE 2019
En 2019 se construyó la oficina del ICASS en la planta baja del edificio, lo que dio origen a las grietas -según apuntan los propios vecinos-, quienes pusieron el asunto en manos de la justicia desde entonces. En 2020, parecía que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander les daba la razón, pero, posteriormente, el juzgado eximió de responsabilidad a la obra en el ICASS.
El Gobierno de Cantabria, por aquel entonces, se liberó de responsabilidad apuntando a que, de tenerla alguien, sería la empresa constructora encargada de la realización de la obra, que fue AC1 Plus S.L.
