El Hogar del Transeúnte de Torrelavega echará el cierre definitivo el próximo 31 de octubre. Ese día termina la prórroga que las religiosas franciscanas -que gestionan este centro desde hace 32 años- le dieron al Ayuntamiento ante su inminente jubilación. Una situación que, a las puertas del invierno, dejará sin "techo y un plato caliente" a las personas sin hogar. Así lo ha denunciado Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), quien asegura que la situación es consecuencia de la "improvisación" de los responsables municipales, conocedores de la marcha de las religiosas desde febrero de 2018 (hace casi dos años).
En respuesta a esta crítica, PRC-PSOE ha anunciado para hoy viernes 18 de octubre la apertura de las cuatro ofertas presentadas al proceso de contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad y dirección de obra del nuevo edificio. Un contrato que tiene un presupuesto de licitación es de 72.600 euros y el plazo de ejecución de 45 días. Un "avance importante", según destaca el concejal de Contratación, Pedro Pérez Noriega, en un proyecto en el que se confía que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2020.
Según recuerda, el nuevo edificio que se construirá en la calle Pancho Cossio, esquina con Pablo Garnica, en el que actualmente se ubica el Hogar del Transeúnte, y que albergará un centro de acogida, centro cívico y alojamientos de alquiler temporal para situaciones de emergencia habitacional. El proyecto tiene un presupuesto aproximado de 1,6 millones de euros, y es una de las actuaciones que estarán cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una tasa de cofinanciación del 50%, dentro del programa operativo Feder de crecimiento Sostenible 2014-2020 enmarcado dentro de la EDUSI de Torrelavega.
Sin embargo, hasta que se construya el nuevo edificio, Torrelavega dejará de prestar un servicio que, según afirma ACPT, está obligado a tener que dar este servicio de alojamiento tal y como recoge la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo este tema una competencia propia. En este sentido, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, desveló que el equipo de Gobierno estaría valorando distintas alternativas para dar continuidad a esta actividad, bien firmando un "convenio con Cruz Roja o con Mensajeros de la Paz" para la gestión del servicio, algo que "en boca de los técnicos municipales puede ser un fraude de ley por no decir ilegal, ya que un servicio de estas características tiene que salir a concurso público, le guste o no al equipo de Gobierno y lo que ellos están proponiendo no es más que una adjudicación a dedo, algo improcedente", advierte.
