1/6/2021.- "En estos momentos en Torrelavega hay 42 familias que están pendientes en diferentes barrios de un desahucio, que será efectivo a partir del 9 de septiembre y no existe ninguna alternativa para ellas más que la calle". Así lo asegura Asamblea Ciudadana por Torrelavega, formación que considera "inaplazable" el Ayuntamiento active un Plan de Vivienda de Alquiler Social.
Para ello, ha presentado una enmienda a la modificación presupuestaria de 6,6 millones de euros a debate este martes en Pleno, de forma que se incluya una partida mínima de 500.000€ anuales durante al menos los próximos 4 años, detrayendo 300.000€ del programa de asfaltado y 200.000€ de la partida destinada al Parque de Miravalles.
Para la ACPT uno de los problemas sociales más graves que tiene la capital del Besaya es el acceso a una vivienda de alquiler para cada vez más familias. "Los precios del alquiler se han disparado y los requisitos que se piden son imposibles de cumplir, salvo que tengas un puesto de trabajo fijo con una nómina alta", asegura el portavoz de esta formación, Iván Martínez.
ACPT explica que desde los años 80, con la construcción del polígono del Zapatón, en la ciudad "no se ha realizado una política de vivienda continuada, seria y orientada a las familias trabajadoras, dejando que fuese el libre mercado quien dirigiese la estrategia de vivienda de Torrelavega".
"Desde el inicio de la legislatura venimos reclamando la puesta en marcha de este Plan de Vivienda de Alquiler Social, obteniendo del equipo de gobierno la misma respuesta: Para el próximo modificado presupuestario. Van pasando los modificados y no incluyen ese plan, pese a que incluso PRC y PSOE llegaron a prometer que el Ayuntamiento compraría el 50% de las viviendas del Sareb en Ganzo (vacías desde hace más de una década)", añade ACPT.
Martínez critica que, alcanzado el ecuador de la presente legislatura la inversión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega en vivienda "es nula", por lo que ACPT ha presentado esta enmienda, que confía sea apoyada de forma unánime por todos los grupos políticos de la Corporación.
