Santillana del Mar se ha convertido hoy en la primera entidad pública de la región en obtener el certificado de conformidad en el Esquema Nacional de Seguridad, lo que significa que esta administración municipal cumple todos los requisitos en protección de la información de las bases de datos del Ayuntamiento frente a ciberataques.
Tras muchos meses de trabajo, el Ayuntamiento de Santillana del Mar ha conseguido esta certificación, establecida en el Real Decreto 311/2022, que es obligatoria para todas las entidades públicas pero, tal y como afirman desde Kiwa (empresa certificadora), “está habiendo muchos retrasos”.
Hoy se ha celebrado el acto de entrega del certificado donde han estado presentes el director general de Kiwa, Juan Cardona, el responsable del área norte, Carlos Resch, y el CEO de Amio Ingenieros (empresa a la que se adjudicó el contrato), Héctor Traspuesto. Los encargados de recoger el documento han sido el alcalde de Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, y el concejal de Nuevas Tecnologías, Miguel Ángel Viaña.
Se trata de un punto de partida en Cantabria que tarde o temprano tendrá que aplicarse al resto de Ayuntamientos. En relación a esto, el alcalde Ángel Rodríguez ha asegurado que, a pesar de ser una villa medieval, en Santillana del Mar “tenemos que estar en el siglo XXI” y ha reconocido estar “muy orgulloso” por ser pioneros en conseguir este certificado que será revisado cada dos años y tendrá que ir introduciendo mejoras.
¿Qué es el esquema Nacional de Seguridad?
El esquema nacional de seguridad es un marco normativo que se basa en el real decreto 311/2022 que ha sido diseñado por el CCN (Centro Criptológico Nacional) para proteger la información sensible y crítica que las administraciones públicas intercambian entre ellas, además de empresas y ciudadanos en los procedimientos de solicitud de intercambio de información con las entidades públicas. En definitiva, es un conjunto de normas y prácticas que garantizan la seguridad e integridad de toda la información que manejamos, así como la continuidad de operaciones de prestación al ciudadano.
