Evitar "una lacra cada vez mayor". Es el objetivo de la Comisión de Coordinación de Medidas contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, integrada por la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y los 102 ayuntamientos, a través de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), que Cantabria acaba de poner en marcha.
En su primera reunión, se ha decidido que también entren a formar parte de la misma las Consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa y la Delegación del Gobierno, “puesto que muchas de las competencias que se van a abordar no corresponden a la Comunidad Autónoma”.
Un órgano, que hoy ha presidido el titular de Fomento, Roberto Media, que “trabajará en todas aquellas medidas que ayuden a evitar una lacra cada vez mayor, como es la ocupación de las viviendas en Cantabria”. En principio, se reunirá, al menos, dos veces al año, sin perjuicio de poder ser convocado “todas aquellas que sea necesario para avanzar en los temas que va a tratar”.
Mapa de ocupación ilegal en Cantabria
En este sentido, Fomento, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, elaborará un mapa de viviendas ocupadas, porque actualmente no hay datos reales. “En 2020, había 44 casos de ocupación ilegal denunciados”, ha señalado Media, pero la realidad en Cantabria es que existen “muchísimos más”, si bien solo afloran los que generan “problemas de convivencia terribles con las comunidades de propietarios”.
Además, la situación de la vivienda en Cantabria, lo mismo que en España, es cada vez “más compleja y multifactorial” y hay muchos sitios en la región donde “acceder al mercado del alquiler o de la compra para gente joven o con pocos recursos es prácticamente imposible”. De hecho, de media los cántabros “destinamos un 33% del sueldo a pagar el alquiler de nuestra vivienda habitual”, por lo que el acceso a la misma es “verdaderamente difícil”.
Más seguridad jurídica para el propietario
El consejero de Fomento ha abogado por recuperar el plan para poner en circulación las 50.000 viviendas vacías que hay en Cantabria, que estaba “bien ideado”, pero resultó un “fracaso rotundo” porque no consiguió la confianza de los propietarios y sólo captó 7 viviendas.
“Habrá que rediseñar el plan ofreciendo mayor seguridad jurídica al propietario”. El Gobierno de Cantabria tiene que generar confianza para movilizar toda esa vivienda vacía que no se saca al mercado. “Los cántabros sólo sacarán esas viviendas al mercado, lo que hará bajar los precios, si les ofrecemos una seguridad y unas garantías que ahora mismo no tienen”.
A esto se suma, desde luego, la dificultad actual para conseguir el lanzamiento “casi imposible” de muchas viviendas ocupadas. “Todos conocemos casos de viviendas ocupadas con el método de la patada en la puerta, que tardan años recuperarse”, como es el caso de las ocho viviendas, propiedad del Gobierno de Cantabria en Argoños, que es su día indemnizó a los propietarios porque eran ilegales, y de las que ahora, “somos incapaces de echar a los ocupas, a pesar haber recurrido a vía judicial”.
Agilizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente
En este sentido, Media ha abogado por agilizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente que, ahora mismo, según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial están en 18,1 meses, “una situación dramática” para mucha gente que tarda todo ese tiempo en recuperar su vivienda.
Como ejemplos el consejero ha puesto a Francia, Alemania o Reino Unido, países del entorno en los que cualquier ocupa es desalojado en 24 o 48 horas, con penas coercitivas e, incluso, de cárcel. En España, sin embargo, las medidas que se han tomado en los últimos años, “no van en la dirección correcta”.
Tal es así que, según los datos aportados por Roberto Media, en 2018, los juicios para desahuciar viviendas ocupadas tardaban de media 11,7 meses; 13,1, en 2019; 16,7 meses en 2020; y 18 meses en 2023. “A medida que van avanzando los años, en lugar de mejorar la situación, vamos empeorando a pasos agigantados”. No es lógico, ha subrayado.
Más VPO en toda la región
Durante el encuentro, Media ha asegurado que el Gobierno de Cantabria, a través de los fondos europeos y del Ministerio de Vivienda, construirá alrededor de 300 viviendas en varios municipios para “aumentar el parque público de viviendas” y poner en circulación “viviendas en alquiler asequible para que todas aquellas personas que lo necesiten, pueden hacer su proyecto de vida”. “Actualmente, Cantabria no tiene un parque público de viviendas que ofrecer a esos ciudadanos”.
Nueva Ley de Vivienda
Por eso, el consejero ya tiene la vista puesta en la nueva Ley de Vivienda de Cantabria, “que dé solución a todos estos problemas”. Una ley, ha apuntado, que tiene vocación de ser perdurable en el tiempo y que, “en cuanto tengamos el borrador”, se presentará en esta Comisión de Coordinación para su aprobación y “poder negociar con todos los grupos parlamentarios para tener una amplia mayoría consensuada”.
“El mercado de la vivienda es escaso y el del alquiler más y muy caro, por lo que no estamos haciendo bien los deberes a la hora de facilitar la vivienda”, ha finalizado el consejero. A esto hay que sumar que “no hay seguridad jurídica”, puesto que es muy difícil echar a alguien que se mete en una casa que no es suya.
En definitiva, hay que dar un giro a todas esas políticas actuales, que lo único que hacen es “sacar a marchas forzadas todas esas viviendas del mercado” y, eso, “no lo podemos permitir”. En este sentido, Media ha depositado su confianza en esta nueva Comisión, para que de ella “salgan las medidas adecuadas para que este giro, por lo menos en Cantabria, se pueda producir cuanto antes”.
