51.600 torrelaveguenses. Es la cifra con la que el municipio ha cerrado 2018, un año en el que nuevamente el censo de población ha vuelto a bajar, en concreto en 347 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), si bien es cierto que esta sangría se ha ido frenando en los últimos años. Una situación que preocupa, y mucho, en el Ayuntamiento, por la consecuencias derivadas de una cada vez más cercana bajada de la barrera de los 50.000 vecinos.
Para el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, la causa de esta pérdida de población es el crecimiento vegetativo negativo (es decir, fallecen más vecinos de los que nacen) y la ausencia de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Es por ello que ha vuelto a pedir, por enésima vez, responsabilidad a la oposición para aprobar el Plan General, al menos de forma inicial, en los apenas 5 meses que quedan de legislatura.
Cruz Viadero ha asegurado que un "80%" de la culpa de que Torrelavega pierda población es el retraso en aprobar las nuevas normas urbanísticas por falta de acuerdo político, lo que obliga al municipio a regirse por un planeamiento "de hace 35 años que impide crecer construir viviendas a precios asequibles para jóvenes con relación a otros municipios del entorno".
Según el alcalde, si no se aprueba de manera inicial la revisión del PGOU antes de las elecciones municipales "no habrá Plan General en la legislatura 2019-2023 y habrá que esperar a la 2023-2027", con lo que se corre "un riesgo importante" de que Torrelavega baje en dos o tres años de los 50.000 habitantes. Entre estos riesgos que supondrá la pérdida de población por debajo de esa cifra, Cruz Viadero ha destacado el descenso en los ingresos económicos que recibe el Ayuntamiento, el aumento del coste en la prestación de los servicios públicos y el incremento de los impuestos que se cobrará a los ciudadanos.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de aprobar el nuevo Plan General, ya que en la actualidad el urbanismo se rige por unas normas de hace 35 años, "con las cuales la ciudad es imposible que pueda crecer y ofrecer viviendas a precios competitivos para jóvenes con relación a otros municipios del entorno".
