El dictamen jurídico favorable se basa, entre otros considerando, en que las primeras edificaciones construidas de forma ilegal datan de 1989 y en que en 2001 se tramitó el cambio de uso de estas instalaciones, por lo que ya habrían transcurrido de forma amplia los cuatro años previstos para restablecer la legalidad urbanística.
El informe jurídico deberá ahora ser sometido a consideración de la ponencia técnica antes de que el expediente completo sea trasladado a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), que en su reunión de este mes podría adoptar la decisión final sobre el asunto.
Posteriormente, el Ayuntamiento deberá recibir este expediente ya que la administración local es la que deberá tramitar la licencia para estas naves, e incluso tendría la posibilidad de recurrir la decisión de la Crotu si es favorable a Paruvi dado que los terrenos están considerados como "de muy alto valor agroecológico".
La petición de legalización afecta a varias naves que suman 3.656,95 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 20.355, así como a un aparcamiento para camiones en otra parcela de 3.826 metros cuadrados, situada a 100 metros de distancia del conjunto de las instalaciones.
La petición de legalización de las naves pedida por el empresario se basaba en el supuesto interés público o social de la actuación, en especial debido al número de empleos directos que genera la actividad que se desarrolla en las naves.
El empresario Rufino Sasián Huelga solicitó en mayo de 2015 en el Ayuntamiento de Torrelavega la legalización de naves e instalaciones existentes, así como la autorización para la construcción de otras dos naves en el barrio de La Llamiega, en una zona clasificada como suelo urbanizable no programado en el vigente Plan General.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Torrelavega explicó que la Ley del Suelo de Cantabria determina que este tipo de suelo debe desarrollarse a través de un plan parcial, y que mientras tanto deberá ser destinado a fines agrícolas, forestales, ganaderos o similares.
Pese a ello, reconoció que la norma permite, con carácter excepcional, que se autoricen las construcciones, instalaciones, actividades y usos que sean considerados de interés público o social por la administración autonómica, texto invocado por el empresario para pedir ante la Crotu la legalización de las naves que llevan más de 20 años si licencia.
