La Audiencia Nacional, a través de un auto dictado el pasado lunes, 13 de enero, por parte del juez Francisco de Jorge, considera que hay "indicios suficientes" para continuar la causa abierta contra el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, por un posible delito de fraude de subvenciones con respecto a una de 210.000 que se recibió para abonar parte de las obras de los campos de fútbol de Tanos (Torrelavega) pero que podría haberse utilizado para "otros fines".
También se mantiene en la causa judicial al exsecretario general y tesorero de la Federación Cántabra, Guillermo Nalda, al que se atribuyen los posibles delitos de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento oficial, por emitir una certificación en torno a esta subvención consciente de que lo que afirmaba "no se correspondía con la realidad", para tratar de "ocultar los hechos" que se estaban investigando.
Ésta gira en torno a la subvención de 210.000 euros que recibió la Federación Cántabra, a través de la Federación Española, procedente del Consejo Superior de Deportes con cargo a la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego.
Su finalidad era abonar al Ayuntamiento de Torrelavega una parte de las obras de remodelación de los campos de fútbol de Tanos. Sin embargo, el presidente de la Federación "no habría procedido a transferirla inmediatamente" al Consistorio como correspondería, sino que, "ocultándolo a la Federación Española de Fútbol, habría destinado los fondos a otros fines, agotándolo en apenas siete meses".
Entre otras operaciones, habría realizado retiradas de efectivo que suman 34.150 euros y diversos pagos por cuenta de la Federación por importe total de 160.502 euros.
El auto llama a continuar el procedimiento contra Peláez y Nalda en una de las piezas separadas del conocido como 'caso Soule', que investiga principalmente al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, por la obtención de una serie de contratos entre 2007 y 2017 que presuntamente habrían causado un perjuicio a la entidad de 4,5 millones de euros.
En cuanto a la pieza separada que afecta a la Federación Cántabra de Fútbol, la Audiencia Nacional entiende que los indicios existentes son suficientes para continuar el proceso por los cauces del procedimiento abreviado, y que los argumentos ofrecidos por la defensa no tienen "suficiente potencia o fuerza para desvirtuar" los de carácter incriminatorio.
Esto provocó que la entidad nacional tuviera que reintegrar al Consejo Superior de Deportes el importe de la subvención, asumiendo ese gasto con cargo a su propio patrimonio.
Por su parte, el exsecretario general de la Federación de Cantabria, "con la finalidad de ocultar los hechos descritos que estaban siendo investigados" y "obtener el archivo de la causa", emitió una certificación dirigida a la Federación Española "conociendo que ésta la presentaría ante el Juzgado de Instrucción", consciente de que "la afirmación no respondía a la realidad".
En concreto, afirmaba que una parte de los 680.000 euros transferidos por la Federación Cántabra de Fútbol a la Real Federación Española a fecha de 10 de julio de 2015, comprendían 230.500 euros por el concepto de devolución del importe comprometido por convenio de esta Federación por el campo de Tanos.
Así, el juez da un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones para solicitar la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
