La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha lamentado este martes que el "pasotismo y la mala gestión" de los responsables de Aguas de Torrelavega, "lo están pagando los vecinas de la ciudad, que han visto cómo en los últimos tiempos se han incrementado sus recibos un 24%".
La representación sindical de CCOO ha denunciado que la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada en Los Corrales de Buelna presenta desde abril de 2023, es decir desde hace un año y medio, una fuga en la salida de la planta "que supone un despilfarro de agua de unos 30 metros cúbicos a la hora".
“Se lo hemos comentado verbalmente pero no se ha hecho nada en 18 meses para solucionarlo. Estamos hablando de que, como mínimo, ya se han perdido unos 200.000 euros y más de 400.000 metros cúbicos de agua”, ha señalado Ricardo García, delegado de CCOO en Aguas de Torrelavega.
García ha subrayado que se trata de agua ya tratada que va directamente al río y que “quizás podría suponer un delito ecológico. Por eso, ante la inacción de los responsables, hemos contactado con el Seprona para que estudien la situación por si se estuviera atentando contra el medio ambiente”.
No sólo eso sino que, “además, supone un peligro para la propia estación porque esta pérdida de agua podría estar afectando a los cimientos con las constantes filtraciones de agua que está soportando e incluso podría ser un problema más grave porque el agua cae por una ladera que conecta con la autovía”, ha apuntado García.
Para la federación, la fuga en la ETAP "es un ejemplo más de la mala gestión que se está realizando en Aguas de Torrelavega", y ha destacado que, tras la denuncia por posible prevaricación de hace unas semanas, y ante las posteriores declaraciones realizadas por la presidenta y el gerente de Aguas Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante y Óscar Peña, respectivamente, en la reunión del Consejo de Administración, donde reconocieron que no se ha tenido en cuenta en ninguna de las bolsas de empleo creadas la caducidad que establecía el Convenio Colectivo, se ha pedido información sobre todos los contratos de trabajo realizados desde 2018 para ponerlos también en conocimiento de la Fiscalía.
