La Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria considera de "interés económico y social" las naves construidas por el Grupo Paruvi en el barrio de La Llaniega en Tanos. Y lo hace en atención a los puestos de trabajo que genera. Unas naves ilegales, construidas en suelo no urbanizable, cuya legalización ha solicitado su propietario Rufino Sasián, concejal de Torrelavega Sí, la formación que lidera la ex alcaldesa socialista Blanca Rosa Gómez Morante.
El consejero de Industria, Francisco Martín ha detallado que la resolución de su Consejería es consecuencia de una consulta realizada por el Ayuntamiento al respecto, tras la petición de legalización realizada por la empresa.Una declaración con la que Industria abre la puerta a la posible legalización de dichas naves. "Lo que decimos es que tenemos un Plan del Besaya que uno de los ejes es generar y estabilizar empleo, y desde ese punto de vista consideramos que la legalización de esas naves es estabilizar plantilla y que, por tanto, es de interés social", explicó hoy el consejero su una visita a Torrelavega.
Una noticia que daba a conocer hoy el consejero durante su visita a Torrelavega, y que cogía totalmente de sorpresa al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, quien aseguraba estar “perplejo”. A falta de más información, el alcalde ha aplazado su valoración a días próximos. "Es pronto para dar una opinión sobre este tema, que tiene su importancia para esta ciudad, y aún no lo hemos hablado en el equipo de Gobierno", dijo el alcalde.
El empresario solicitó en mayo de 2015 en el Ayuntamiento de Torrelavega la legalización de las naves e instalaciones existentes, así como la autorización para la construcción de otras dos naves en el barrio de La Llamiega, en una zona clasificada como suelo urbanizable no programado en el vigente plan general.
La legalización de las naves de Paruvi es un asunto que afronta el Ayuntamiento de Torrelavega desde hace casi dos décadas, ya que según un informe jurídico las primeras edificaciones construidas de forma ilegal datan de 1989, aunque en 2001 se tramitó el cambio de uso de estas instalaciones.
Asimismo, un informe de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria propuso en octubre de 2017 aprobar la legalización de las edificaciones, trámite que afecta a varias naves que suman 3.656,95 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 20.355, así como a un aparcamiento para camiones en otra parcela de 3.826 metros cuadrados, situada a unos 100 metros de distancia del resto.
