El Ayuntamiento de Torrelavega ingresará más de 900.000 euros en concepto de liquidaciones y sanciones derivadas de la tasa municipal del 1,5% que se aplica sobre la facturación de las empresas explotadoras de los servicios de suministros de interés general, como el gas, la electricidad y la telefonía fija, y que muchas no liquidaban de forma correcta y otras, ni siquiera declaraban.
Así lo ha puesto de manifiesto la auditoría realizada por la Intervención municipal en la que se detectó que de las 66 sociedades inspeccionadas, 36 no declaraban nada al Ayuntamiento, y el resto no liquidaban de forma correcta. El dato más destacado son los más de 500.000 euros que debe por este concepto Gas Natural.
Una auditoría que se realizó a instancias de Asamblea Ciudadana por Torrelavega, que de hecho incluyó esta exigencia en las condiciones del acuerdo de investidura firmado con PSOE y PRC en junio de 2015. "En ACPT éramos conscientes de que estas empresas estaban declarando de menos desde hace casi 5 años", ha explicado hoy el portavoz de esta formación, Iván Martínez. Desde ACPT se han mostrado muy críticos con la actitud del equipo de Gobierno "que si ha cumplido este compromiso ha sido porque nuestro grupo lo ha exigido comisión de Hacienda tras comisión hasta que se tomó el acuerdo de encargar la auditoría a finales del año pasado", recordó Martínez.
A la vista del resultado de esta auditoría, ACPT confía en que a partir de ahora estas inspecciones "se hagan de una manera regular cada 4 años", para evitar que situaciones como ésta se vuelvan a producir. Asimismo, el portavoz Asamblea Ciudadana ha exigido poder "ser partícipes" de la decisión que se tome para destinar tanto la cantidad reclamada (904.496 euros) como los futuros ingresos regulares (aproximadamente 225.000 euros).
Por su parte, el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha detallado que de los 904.000 euros que el Ayuntamiento ingresará por este concepto, 700.000 euros son por liquidaciones sin practicar, y 206.000 euros por sanciones relativas a los cuatro años no prescritos, entre 2012 y 2015. Una cantidad, ha reconocido, que ha “sorprendido” y que se debe a que una empresa con un proyecto de cogeneración debe abonar 507.000 euros más la sanción correspondiente al considerarse que el gas que no va a la cogeneración “sí está afectado por la tasa del 1,5”.
En cuanto a la respuesta de las empresas afectadas por la Auditoría, ha afirmado que en “todos los casos” hay conformidad para abonar las cantidades reclamadas.
De cara al futuro, el concejal de Hacienda ha anunciado que la intención del equipo de gobierno PSOE-PRC es “seguir” con esta iniciativa para cubrir “siempre” los años no prescritos, en este caso del 2016 al 2019. Cercanos a esa fecha, ha añadido, se volvería a realizar una auditoría “similar” para revisar todas las liquidaciones de las empresas que operan en la ciudad.
