PIELAGOS APRUEBA UNA REBAJA DEL IBI

Una rebaja que supondrá para el Ayuntamiento de Piélagos la pérdida de 290 mil euros en la recaudación. Este ajuste ha sido posible tras la modificación del artículo 10.1 de la Ordenanza Fiscal del IBI, una medida que contó con el apoyo de las concejales no adscritas Elba Castanedo y Montserrat Luezas; con el voto en contra de los grupos municipales del PP e IU y la abstención del grupo municipal de AVIP y del concejal no adscrito Juan Carlos Martín.

Además el portavoz del grupo municipal socialista, Roberto Ruiz Argumosa, ha recordado que el año pasado y el anterior, como consecuencia de la aprobación inicial del nuevo PGOU, las licencias urbanísticas quedaron suspendidas y los ingresos por el impuesto de construcciones, así como el resto que conlleva este tipo de actividad, “prácticamente se redujeron a la mínima expresión”.

En este sentido, ha aclarado que la previsión que hay, dado que la suspensión de licencias termina el 18 de diciembre de este año, es que se produzca un incremento “importante” de los ingresos por construcciones, que permita amortiguar los 290.000 euros que el Ayuntamiento dejará de ingresar por la reducción del tipo impositivo del IBI. Ruiz Argumosa hizo hincapié en que, ahora mismo, el Consistorio tiene un auto judicial que obliga a ejecutar el derribo de las 22 viviendas de Entrelindes, recurrido ante el Supremo para ganar tiempo e intentar dar un empujón al nuevo PGOU con el fin de encontrar una solución válida para los tribunales, que evite hacer frente a unos derribos, que tendría un coste para Piélagos de 6 millones de euros, ya que al valor que tuvo cada vivienda en su día hay que aplicarle un 40 por ciento en concepto de indemnización. “Si eso lo aplicamos a las 80 viviendas que tienen sentencia de derribo, nos vamos a más de 10 millones de euros largos los que tendría que poner el Ayuntamiento”, apuntó Ruiz Argumosa, quien explicó que, por ello, en cada presupuesto hay una partida del orden de entre 500.000 y 600.000 euros, que va a una hucha “para que tengamos algo con lo que empezar a responder”. Asimismo, se refirió a los 400.000 euros que hay consignar durante 10 años para devolver el dinero que el Gobierno de Cantabria adelantó al Ayuntamiento de Piélagos para derribar el Alto del Cuco y regenerar esa zona.

Otros acuerdos
El Pleno también acordó con los votos a favor de PSOE, PRC y de los tres concejales no adscritos, la rectificación de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de precios públicos  por la prestación de servicios educativos, sociales y culturales, para subsanar un error en las tasas de la formación reglada que, por primera vez, ofrece la Escuela municipal de música del municipio. El PP votó en contra de la misma, mientras que AVIP e IU se abstuvieron.

Todos los grupos municipales, a excepción de IU, así como los tres concejales no adscritos dieron luz verde, además, a la transferencia de créditos del presupuesto de 2017, por un importe de 110.000 euros, para la reparación de las cubiertas de los pabellones municipales de Liencres y Parbayón.

También, al segundo crédito extraordinario del actual presupuesto, por valor de 128.000 euros, para reparar la cubierta de la bolera de Arce, propiedad de la Junta Vecinal de la localidad.

La Corporación municipal suscribió, por unanimidad, la moción presentada por el grupo municipal de AVIP para instar desde el Ayuntamiento de Piélagos al Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Educación a que incluyan en los presupuestos de 2018 una partida para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional en la zona centro-norte del municipio y pedir al Consistorio que inicie las labores de búsqueda del terreno apropiado, para su cesión al Ejecutivo en aras a este fin.

Apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
Fuera del orden del día, el Pleno aprobó, con el voto en contra de IU, el debate de una declaración de urgencia en apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Piélagos quiso reconocer públicamente la labor que, diariamente, desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar el respeto a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española y, con ello, la convivencia democrática y la consolidación de un Estado de Derecho, que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

A juicio de los grupos y ediles, que suscribieron la declaración, es más necesario que nunca hacer una mención especial al papel desempeñado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil desplazados en las últimas semanas a Cataluña para evitar el desafío secesionista planteado por la Generalitat catalana, a pesar de haber sido previamente suspendido por el Tribunal Constitucional.