LA CE INVESTIGA LA MORATORIA A SOLVAY
La Comisión Europea (CE) investiga sobre la posible moratoria que el Gobierno de Cantabria podría conceder a Solvay para su producción de cloro a través de tecnología de mercurio.
El director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, expone que dicha prórroga en la producción de mercurio estaría en contra del artículo 21 de la Directiva Europea. Así se lo ha trasladado Calleja a Ecologistas en Acción, colectivo que el pasado mes de mayo trasladaba a la comisión europea la propuesta de resolución de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, por la que se concedería una prórroga de dos años a partir de diciembre de 2017, justo cuando quedará prohibida la utilización de la tecnología de mercurio para la producción de cloro.
Desde Ecologistas en Acción de Cantabria (EAC) han aplaudido la investigación que está realizando la CE y han advertido al Gobierno de Cantabria de que, en caso de "confirmarse ilegal" la prórroga que pretende dar a Solvay, podría conllevar "responsabilidades penales".
Los ecologistas han denunciado que la técnica de celdas de mercurio para la producción de cloro, como la que continúa utilizando la fábrica de Solvay en Torrelavega, es "sumamente contaminante" y es cuestionada "desde hace al menos 20 años" y, por ello, "su desaparición viene siendo largamente anunciada". La prohibición fijada a partir de diciembre de 2017 está "motiva por la alta toxicidad del mercurio", que EAC indica que es "una las 10 sustancias químicas más peligrosas según la propia Organización Mundial de la Salud".
Así, para los ecologistas, "Solvay no puede sostener el argumento de falta de tiempo para poder llevar a cabo la transición a la moderna técnica de membrana, más limpia y eficiente, cuando es fruto únicamente de su imprevisión, consecuencia del endeble compromiso con el futuro de su factoría de Torrelavega y su más que cuestionable compromiso con el medio ambiente".
Además, han detallado que la nueva tecnología de membrana ocuparía una nueva ubicación y el proceso de desmantelamiento y descontaminación de las actuales instalaciones llevará aparejado un tiempo superior a dos años. "Tampoco existe justificación posible en los trámites de nuevas licencias y autorizaciones las cuales podían haber obtenido mucho antes si esa hubiese sido su voluntad", critican desde AEC.