CORPORACIONES LOCALES DESTINA 31 MILLONES PARA CONTRATOS TEMPORALES A 3.000 PARADOS
Del 10 al 23 de enero los ayuntamientos pueden presentar las solicitudes para proyectos de interés general y social
El Gobierno de Cantabria destinará 31 millones de euros a los ayuntamientos y mancomunidades de la región para contratar unos 3.000 desempleados, con atención especial a quienes tienen mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo, concretamente parados de larga duración y jóvenes, para la realización de obras y servicios de interés general y social.
El consejero de Economía, Juan José Sota, junto al director del Servicio Cántabro de Empleo, José Manuel Callejo, ha presentado este nuevo programa de Corporaciones Locales, que será la tercera vez que habilite un importe específico para la contratación de jóvenes (4 de los 31 millones). El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el día 10 hasta el 23 de enero, durante el cual las entidades locales podrán presentar sus solicitudes de financiación al Servicio Cántabro de Empleo.
Esta financiación será repartida de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación regulados en 2017, basados en la población parada de cada entidad, su población en edad de trabajar y su extensión territorial. Para no perjudicar a los municipios de menor población, Sota ha dicho que en esta ocasión se contemplará un factor de corrección para los términos municipales de menos de 2.000 habitantes que les garantice un mínimo de ayuda.
Los contratos tendrán una duración de entre 3 y 6 meses, salvo los desarrollados dentro de la garantía juvenil, que deberán tener una duración de 6 meses. En todos los casos, con jornada a tiempo completo.
Mejoras de la convocatoria
Según ha informado Sota, esta convocatoria es la primera en publicarse tras la mejora de las bases reguladoras del programa, en cuya elaboración ha participado, además de los agentes económicos y sociales más representativos, la Federación de Municipios de Cantabria. Entre las modificaciones que mejoran la convocatoria se encuentra el hecho de que quedará resuelta antes de que finalice el primer trimestre del año; que las contrataciones subvencionables puedan comenzar desde el 1 de mayo de 2019 y desarrollarse hasta 31 de mayo de 2020 (hasta 31 de enero de 2020 en el caso de proyectos de garantía juvenil) y que la cuantía de la subvención máxima justificable pueda alcanzar hasta el cien por cien de los gastos subvencionables acreditados. Además, algunos conceptos que aparecían en nómina como "embargos" o "retenciones judiciales", pasan a ser subvencionables y la publicación de la convocatoria se hace con un mes de antelación a la de 2018, lo que permitirá cumplir las fechas previstas de inicio de los contratos.
Otra de las novedades que incorpora la nueva convocatoria es que se añaden "actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género". Se trata ésta de una competencia propia de las entidades locales, recuperada por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
También se mantiene el desarrollo de actuaciones complementarias consistentes en facilitar a los participantes información profesional, orientación o formación durante la vigencia de los contratos subvencionados, así como la actualización de los conocimientos digitales, en particular a las personas con baja cualificación profesional, que en el caso de la presente convocatoria estará dirigida a potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de búsqueda activa de empleo.
Aumenta la participación de las mujeres
Con respecto a la convocatoria del año pasado, cuya ejecución va desde el mes de mayo de 2018 al mes de mayo de 2019, se ha detectado un aumento de la contratación de las mujeres que alcanzan el 42 por ciento. Por tramos de edad, Sota también se ha mostrado satisfecho del cumplimiento de los objetivos del programa al observar que las personas mayores de 45 años suponen el 48 por ciento de los contratados y que también se cumple el objetivo a la hora de fomentar el empleo entre las personas con menos preparación, ya que casi el 75 por ciento de las personas contratadas o no tienen estudios o tienen estudios básicos.