Tras unos trabajos que han costado casi un millón de euros y que se han prolongado durante algo más de seis meses, ya se ha completado la demolición de las más de 200 viviendas construidas ilegalmente hace 13 años. El Gobierno de Cantabria trabaja ahora en el proyecto de restauración ambiental y paisajístico destinado a rehabilitar el aspecto original de la ladera.
Según explicó ayer la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, durante una visita que giró a la zona junto a la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, la intención de su departamento es que el resultado final de dicha restauración sea "lo más parecido posible a la situación de la ladera, antes de la ejecución de las obras. De hecho, el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la asociación ecologista ARCA. Según ha señalado Eva Díaz Tezanos el objetivo es que esta segunda fase esté "lo antes posible definida para que se pueda acometer también lo antes posible".
Asimismo, ha recordado que en esta zona estaba proyectada la ejecución de 400 viviendas de diversa tipología y que, en el mes de agosto de 2016, comenzó el derribo de 214 viviendas que se ejecutaron antes de la sentencia firme de derribo. En este sentido, ha señalado que a su llegada al Ejecutivo regional, en verano de 2015, el actual equipo de Gobierno se encontró "un proyecto inejecutado por falta de voluntad política por parte del Gobierno del Partido Popular", por lo que desde la Dirección de Urbanismo se iniciaron los trabajos para ejecutar la sentencia judicial "sin ningún tipo de dilación", máxime al tratarse de una urbanización en la que no había terceros afectados ni adquirientes de buena fe que estuvieran residiendo en la misma, y al considerar que la misma no iba a tener encaje en futuros planeamientos.
"Estamos regularizando una situación ilegal urbanísticamente cuyo responsable fue la anterior corporación del PP y en la que no se había ejecutado una restauración porque no había una voluntad política, algo que sin embargo este Gobierno tiene", ha precisado. Para llevar a cabo esta actuación la vicepresidenta ha considerado como "elemento determinante" el papel del Ayuntamiento de Piélagos y su alcaldesa, ya que desde el principio han tenido "la clara voluntad política de dar ejecución a esta sentencia de demolición" para lo que ambas instituciones han trabajado "estrecha y coordinadamente".
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos firmaron un convenio por el que el Ejecutivo adelantaba los 3,7 millones de euros que eran necesarios para ejecutar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo y el consistorio reintegraría la totalidad de esa cantidad a lo largo de 10 años, con un interés del 1% a partir de 2017.
Por su parte la alcaldesa, Verónica Samperio, ha manifestado que "había una sentencia y había que hacer frente a ella" y por eso nada más llegar al Gobierno "nos pusimos a trabajar conjuntamente". Ha señalado que desde el consistorio ya se ha hecho frente al pago del importe adeudado correspondiente al primer año y ha asegurado que gracias a este convenio se han enfrentado "al mejor de los escenarios posibles", ya que sin el convenio sería el Ayuntamiento el que tendrían que hacer frente a los gastos en solitario.
